Las relaciones actuales entre España y Marruecos se hallan inevitablemente condicionadas por la historia y por la geografía. Durante un siglo (de 1859 a 1956) Marruecos fue el modesto Oriente colonial español, el lugar donde los militares buscaban gloria y ascensos rápidos, los pintores exotismo y color local, y el discurso oficial situaba a un enemigo tópico y caricaturizable (el moro artero y cruel) sobre el cual ejercer de potencia civilizadora. Tras el súbito fin del protectorado ("nadie podía pensar que iba yo a formar parte de un Gobierno que concediera a Marruecos su independencia; para los de mi generación era esto muy duro y se me ha hecho muy cuesta arriba", confiesa en 1956 el conde de Vallellano, a la sazón ministro de Obras Públicas de Franco), una serie de flecos tardocoloniales (Ifni, Cabo Juby, finalmente el Sáhara Occidental) enrarecieron durante dos décadas más los vínculos hispano-marroquíes.
España tiene una factura pendiente: la del abandono en que dejó a los habitantes del Sáhara Occidental en 1975-76
Con posterioridad, la existencia de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como de otros enclaves todavía más anacrónicos (las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera...), todos ellos pasto del irredentismo marroquí, el fenómeno de la inmigración y, por último, la amenaza del terrorismo islamista, han dado a las relaciones entre Madrid y Rabat un carácter decididamente malsano: una turbia mezcla entre declaraciones de amor (los monarcas respectivos hasta se califican de "primos" o de "tío y sobrino") y crudos chantajes. Chantajes que se hacen sentir en las mezquitas o las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta, en el número de pateras que zarpan de las playas del país magrebí con rumbo a las nuestras, en la mayor o menor colaboración entre los servicios antiterroristas... Sin esos chantajes -seamos más diplomáticos: sin esa capacidad de presión marroquí-, ¿cómo entender la pasividad de España ante el litigio del Sáhara Occidental? De España, que estos días comparece ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para argumentar contra la independencia de Kosovo, porque ésta no ha sido avalada por la ONU. ¿Y cuándo ha reconocido la ONU la anexión marroquí del Sáhara, sin que Madrid diga ni pío?
Tal es el contexto, tales los antecedentes del caso de Aminetu Haidar. Errarían quienes creyesen que el Gobierno español, que España como Estado, está siendo, en esta dramática crisis, la víctima inocente de una astuta maniobra marroquí o de una maquiavélica jugada del Polisario. Sucede más bien que, con la involuntaria llegada de la activista saharaui a Lanzarote, a España se le ha presentado a cobro una vieja factura pendiente: la del ignominioso abandono en que dejó a los habitantes del Sáhara Occidental en 1975-76.
Repitámoslo una vez más: su desgracia fue el precio de nuestra suerte. Si, pese a todos los escollos, la transición democrática española salió medio bien, fue por haber logrado esquivar el riesgo real de una guerra con Marruecos en el instante mismo de la muerte del dictador Franco. ¿Cómo habría quedado la entonces frágil popularidad de Juan Carlos I si su reinado llega a nacer ensangrentado en las arenas del Sáhara? ¿Cuál habría podido ser la actitud de los militares españoles de haber salido vencidos y humillados de un choque con la Marcha Verde de Hasán II y con el ejército marroquí que la flanqueaba? ¿Y si hubiesen resultado vencedores, con reverdecidas ínfulas de salvadores de la patria? El modo de evitar esos escenarios fue entregar a los saharauis a la voracidad del expansionismo marroquí, una operación ejecutada por lo peorcito del establishment franquista mientras su caudillo agonizaba en La Paz, pero que todos los gobiernos democráticos posteriores han dado por buena o por irremediable.
No, ya sé que no es posible revertir de un plumazo lo sucedido desde 1975. Se trata sólo de saber si la realpolitik diplomática es compatible con algunas dosis de ética y con un cierto sentido de la responsabilidad histórica.
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