LA situación de Aminatou Haidar, además de demostrar al mundo el respeto tan subjetivo que siente el Reino de Marruecos hacia el ordenamiento jurídico internacional y de crear un problema al Gobierno de España, ha puesto de actualidad el insoportable estado de la cuestión del Sahara Occidental. Marruecos no se caracteriza por ser un Estado riguroso en el respeto a los Derechos Humanos, aunque tampoco lo sean más sus vecinos.
España no ha sabido encarar el presente y futuro de su no tan antigua colonia, moviéndose entre la solidaridad hacia un pueblo refugiado, que goza de amplia simpatía entre nuestra población, y la prioridad por mantener buenas relaciones con Marruecos, nuestro vital vecino.
Tampoco la violación al derecho de ciudadanía que ha sufrido Aminatou es el primero que comete Marruecos. Fui testigo en 1990 en Dakar, la capital senegalesa, de la expulsión del responsable de cooperación del Frente Polisario, que me acompañaba en un encuentro euroafricano de operadores de cooperación descentralizada, por intervenir, en dicho evento, con el rotulo de «Sahara». Su pasaporte no era marroquí sino diplomático argelino y ello no bastó para que se le entregara roto en varios tijeretazos y colocado en un avión hacia París.
La novedad es la respuesta valiente de Aminatou en un tiempo de escasos sacrificios. La Gandhi saharaui ha puesto contra las cuerdas la desidia de la Comunidad Internacional en torno al derecho del pueblo saharaui.
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