El Aaiún permanece huérfano de diplomáticos españoles. Ni están, ni han venido, ni se les espera. La Embajada en Rabat no ha enviado, al menos en más de una década, ninguna misión de tipo político a la ex colonia. El único representante, sin perfil político, es un depositario de los bienes que guarda España en la ex colonia.
Nadie de la Embajada en el reino alauí tenía previsto viajar hasta El Aaiún cuando el viernes pasado España organizó el regreso, después abortado, de Aminatu Haidar en un avión medicalizado a la capital del territorio en disputa. Así lo reconocieron fuentes de esa representación diplomática.
«El Gobierno español aquí no viene. Es demasiado débil», explica con cierta indignación un activista acostumbrado a reunirse con delegaciones de otras embajadas como Holanda, Bélgica o Suecia.Pero en plena tormenta por el caso de la activista saharaui en huelga de hambre en Lanzarote, una misión estadounidense, integrada por el consejero de asuntos políticos y una asistente de esa misma sección, se encuentra en la ex colonia. Han llegado desde su Embajada en Rabat.
En su agenda, reuniones con el gobernador, con miembros del Consejo Real Consultivo para Asuntos Saharauis (Corcas) creado por Mohamed VI, con la misión de la ONU (Minurso) y con actores locales de la sociedad civil.
Palabrería
Washington organiza este tipo de visitas con relativa frecuencia. «Ellos son los que más vienen. Unas dos o tres veces al año», explica uno de sus interlocutores, aunque se muestra algo pesimista con los resultados. «Mucho bla-bla», dice. «Visita rutinaria», la califican en la Minurso.
Los dos estadounidenses se han encontrado ya con compañeros de Aminatu Haidar, a los que han hecho saber su «preocupación». La Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) les transmitió un «llamamiento para que ayuden a que Aminatu regrese».
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vanagloria de manera insistente de las buenas relaciones bilaterales con Marruecos, pero no se refleja en visitas a las ciudades saharauis. «La situación es compartida por la mayoría de países de la UE», justifican desde la sede diplomática en el Reino alauí. Con el Ejecutivo del PP, que las relaciones vivieron años convulsos, tampoco se efectuaban.
«En mis tiempos tampoco se bajaba», explica un diplomático que ocupó puesto en Rabat en tiempos de José María Aznar. «Había una actitud preventiva», reconoce. Recuerda un viaje del consejero de Educación, pues España mantiene abierto todavía en El Aaiún el Colegio de la Paz.
Durante la denominada Intifada Saharaui, en 2005, se encontraba en esa ciudad como depositaria de los bienes españoles Amparo Lastagaray. La Policía marroquí la ninguneó y hasta se rió de ella. El activista saharaui Hmad Hammad se había encerrado para protestar en la Casa de España y, en plenas negociaciones bilaterales, los agentes entraron para detenerle ignorando los gritos de Lastagaray. «¡Me habéis engañado!». «¡Estáis entrando en el edificio de un país amigo!». Este corresponsal fue testigo de la escena.
Rabat no puede prohibir a los diplomáticos desplazarse al Sahara Occidental porque, por mucho que ellos lo reclamen y lo tengan bajo su control, sigue siendo un territorio no autónomo.
La fórmula generalmente aceptada por los diplomáticos es que, por «medidas de seguridad», se avisa a las autoridades marroquíes de que se va a viajar. Pero todos saben en realidad que esas «medidas de seguridad» son una tapadera porque que ir al El Aaiún encierra los mismos peligros que ir a Marraquech o a Uxda. Un embajador británico tuvo un rifirrafe con Exteriores por no avisar, pero fue un caso excepcional.
Eurodiputados de PP y PSOE
El pasado enero los eurodiputados Carlos Iturgáiz, del PP, y Carlos Carnero, del PSOE, integraron una misión europea aunque ni uno ni otro entraron en El Aaiún como españoles. Algunas autoridades canarias también lo han hecho, pero invitadas por Marruecos, que, además, deja entrar a abogados españoles como testigos en juicios.
Las que no pudieron entrar fueron las más de doce delegaciones de comunidades autónomas españolas entre 2005 y 2006, durante la denominada «Intifada Saharaui». Rabat les impidió la entrada y Madrid no emitió ningún tipo de protesta oficial.
En los últimos meses han logrado superar el cerco media docena de pequeñas misiones, casi clandestinas, llegadas desde Canarias y la Península con políticos y activistas por la independencia. Suelen hacerse pasar por turistas y no llegan por avión. Consideran que es la única manera de comprobar cómo se vive en el Sahara ocupado por Marruecos.
