Aminatu Haidar, en su silla de ruedas. | AFP
- Su abogada señala que 'está en pleno uso de sus facultades mentales'
Aminatu Haidar, que este martes ha cumplido su vigésimo tercer día en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, ha anunciado que recurrirá a la vía penal si se actúa contra su voluntad en el ayuno que ha emprendido para conseguir su regreso a El Aaiún.
En una declaración efectuada por su abogada, Inés Miranda, se afirma que "cualquier acción" que se efectúe contra la voluntad de Aminatu Haidar "libremente expresada por ella" se sitúa en el ámbito del Derecho Penal y "está perfectamente tipificada" en el Código Penal.
La letrada de la activista saharaui ha afirmado que desconoce si la fiscalía ha solicitado el ingreso de Haidar en un centro hospitalario "para ser examinada y valorar su estado de salud" y recuerda que la huelguista se encuentra "en pleno uso de sus facultades mentales y no se puede actuar contra su voluntad".
Aminatu Haidar expresó por escrito su voluntad de llevar la huelga de hambre hasta la muerte si no puede volver a El Aaiún. En una carta firmada ante notario que, según su entorno, está en manos de sus abogados, la activista saharaui habría dejado clara su decisión de no ser alimentada en el caso de que perdiera la consciencia.
Fuentes de los colectivos de apoyo a Haidar aseguraron que la carta fue escrita cuando Haidar empezó a intuir que su caso podría prolongarse con una posible pérdida de consciencia. El lunes, la propia Haidar dijo a France Presse que ha escrito en un papel, "remitido a un pariente", sus últimas voluntades, que incluyen no ser alimentada artificialmente.
El juez de guardia de Arrecife (Lanzarote), Jerónimo Alonso Herrero, decidió el lunes no hacer un traslado "forzoso" de la activista Aminatu Haidar a centro hospitalario, después de analizar su situación cuando la visitó con una médico forense en el aeropuerto de Guacimeta.
La activista saharaui ha denunciado presiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que abandone su huelga de hambre. "Continuaré mi huelga de hambre hasta que haya una solución", manifestó. Y después ha añadido: "Si muero, será el Gobierno español quien deberá asumir las consecuencias jurídicas y morales".
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