El Gobierno sudafricano manifestó en un comunicado su denuncia por el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y condenó la expulsión a Lanzarote de la activista saharaui Amentu Haidar, en huelga de hambre desde entonces.
Las autoridades reciben "con preocupación los alarmantes informes sobre violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental", especialmente la detención y procesamiento en un tribunal militar de siete destacados activistas saharauis detenidos el pasado 8 de octubre y que podrían ser condenados a muerte por mantener contactos con el enemigo y por ser contrarios a la integridad territorial, al haber viajado a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), gestionados por el Frente Polisario.
Asimismo, denuncian la "deportación forzosa" de Haidar, "simplemente por escribir Sáhara Occidental como país de residencia en el formulario de entrada en el aeropuerto de El Aaiún, en el Sáhara Occidental".
"Para Sudáfrica, la lucha del pueblo del Sáhara Occidental es una lucha por la autodeterminación y está basada en los principios de descolonización, promoción de los Derechos Humanos, la legalidad internacional y la estabilidad y la seguridad del continente africano", prosigue el comunicado del Gobierno sudafricano.
El Gobierno critica también el reciente discurso del rey Mohamed VI, pronunciado con motivo del aniversario de la Marcha Verde, en el que emplazaba a los saharauis a elegir entre "ser marroquíes o no, patriotas o traidores". Ese discurso "va contra los principios de autodeterminación y descolonización establecidos en las resoluciones de Naciones Unidas", apostilla.
Además, "estos acontecimientos negativos suponen un retroceso para los significativos progresos" logrados por el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, "quien ha estado intentado pacientemente generar una confianza entre las partes negociadoras".
"La comunidad internacional y Sudáfrica no pueden permitirse permanecer en silencio cuando se violan los principios fundamentales del Derecho Internacional", concluye el texto.
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