CEAS-SÁHARA pone de manifiesto las ambigüedades políticas que se ocultan tras la venta de armamento a Marruecos por parte del gobierno del Estado
SB-Noticias.- CEAS-Sáhara denuncia ante la opinión pública las reiteradas ventas de armamento que, en estos últimos años, están siendo autorizadas por parte del Gobierno de España y que se destinan a reforzar la capacidad militar y armamentística del Reino de Marruecos. Unas partidas que incluyen la compra de patrulleras, material policial y antidisturbios y una más que nutrida partida de vehículos acorazados todoterreno (integrada por distintas versiones del VAMTAC) que suman más de 2.000 unidades y que sólo en el pasado año importaron por un valor de casi 114 millones de euros, en los que no se incluyen otros materiales gentilmente donados por nuestro Estado.
Material que, según manifestaciones de las propias autoridades marroquíes, estaría destinado a la hipotética defensa de la zona del Atlas pero cuyo carácter netamente ofensivo parece hacerlo particularmente más adecuado para una posible guerra en el desierto cuando no a su utilización para el mantenimiento de la “seguridad” interior y la constante represión que se ejerce sobre la población saharaui, reiteradamente denunciada por distintos informes oficiales y de organizaciones dedicadas a la lucha a favor de los derechos humanos. Querríamos saber que garantías tiene nuestro gobierno de que ese material no se destina a estos posibles usos abusivos y que atentan contra la legalidad internacional y la posible estabilidad militar de la zona.
Porque, quizá convenga recordarlo, España es uno de los llamados “países amigos” encargados de mediar en el contencioso que viene enfrentando a Marruecos y al pueblo saharaui por espacio de treinta y cuatro años. Y no parece la mejor fórmula de asegurar una imagen de neutralidad diplomática el subvencionar con ayudas alimenticias y programas de cooperación a la población saharaui refugiada al tiempo que se favorece el fortalecimiento militar de la potencia agresora. Tal vez una forma muy sutil de llegar a una posible alianza de civilizaciones en base al mero sometimiento de una de las partes.
Pero, además, de romper la supuesta neutralidad semejante actitud menoscaba y confunde acerca de la posición legal del Estado español, quien no ha dejado de ser, en todo este tiempo, potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y responsable, por lo mismo, de llevar a término el proceso de descolonización de dicho territorio y la defensa de los derechos fundamentales de sus habitantes.
Por todo ello, CEAS denuncia que el armamento vendido por España es susceptible de ser utilizado en acciones de guerra a lo largo de ese ominoso Muro de la Vergüenza, que divide el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos de los territorios liberados por el pueblo saharaui y su ejército de liberación.
Asegura que esta venta de armas, genera y alimenta un clima de tensión que no favorece en absoluto la búsqueda de una solución justa y pacífica para el conflicto que enfrenta a Marruecos y al pueblo saharaui, y que puede ser utilizado contra los y las saharauis que defienden sus legítimos derechos y no hace sino perjudicar todos los intentos actuales de la ONU y de la comunidad internacional por encontrar una salida legal al conflicto.
Denuncia también que el rearme de Marruecos, un país que está violando sistemáticamente los Derechos Humanos, no sólo va contra todos los principios que dice defender el Gobierno de España, a nivel internacional, en orden a favorecer y cooperar con países que apliquen los principios democráticos y de respeto de la legalidad internacional, sino que además cuestiona la supuesta voluntad de diálogo intercultural, manifestada en diversos foros internacionales por nuestros representantes.
Exige al gobierno que rectifique y deje de vender todo tipo de material bélico a Marruecos y que dedique sus esfuerzos a buscar una salida justa al conflicto que enfrenta a Marruecos contra el pueblo saharaui. En este conflicto, España tiene que actuar como un país que ha de descolonizar un territorio que en los foros internacionales tiene reconocido su derecho a la autodeterminación. Y lo hacemos desde la creencia de que todas las actuaciones y decisiones se han de dirigir a denunciar y a solucionar de forma justa y duradera la trágica situación de los saharauis que hace 34 años que viven exiliados en la hammada argelina.
Porque, quizá convenga recordarlo, España es uno de los llamados “países amigos” encargados de mediar en el contencioso que viene enfrentando a Marruecos y al pueblo saharaui por espacio de treinta y cuatro años. Y no parece la mejor fórmula de asegurar una imagen de neutralidad diplomática el subvencionar con ayudas alimenticias y programas de cooperación a la población saharaui refugiada al tiempo que se favorece el fortalecimiento militar de la potencia agresora. Tal vez una forma muy sutil de llegar a una posible alianza de civilizaciones en base al mero sometimiento de una de las partes.
Pero, además, de romper la supuesta neutralidad semejante actitud menoscaba y confunde acerca de la posición legal del Estado español, quien no ha dejado de ser, en todo este tiempo, potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y responsable, por lo mismo, de llevar a término el proceso de descolonización de dicho territorio y la defensa de los derechos fundamentales de sus habitantes.
Por todo ello, CEAS denuncia que el armamento vendido por España es susceptible de ser utilizado en acciones de guerra a lo largo de ese ominoso Muro de la Vergüenza, que divide el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos de los territorios liberados por el pueblo saharaui y su ejército de liberación.
Asegura que esta venta de armas, genera y alimenta un clima de tensión que no favorece en absoluto la búsqueda de una solución justa y pacífica para el conflicto que enfrenta a Marruecos y al pueblo saharaui, y que puede ser utilizado contra los y las saharauis que defienden sus legítimos derechos y no hace sino perjudicar todos los intentos actuales de la ONU y de la comunidad internacional por encontrar una salida legal al conflicto.
Denuncia también que el rearme de Marruecos, un país que está violando sistemáticamente los Derechos Humanos, no sólo va contra todos los principios que dice defender el Gobierno de España, a nivel internacional, en orden a favorecer y cooperar con países que apliquen los principios democráticos y de respeto de la legalidad internacional, sino que además cuestiona la supuesta voluntad de diálogo intercultural, manifestada en diversos foros internacionales por nuestros representantes.
Exige al gobierno que rectifique y deje de vender todo tipo de material bélico a Marruecos y que dedique sus esfuerzos a buscar una salida justa al conflicto que enfrenta a Marruecos contra el pueblo saharaui. En este conflicto, España tiene que actuar como un país que ha de descolonizar un territorio que en los foros internacionales tiene reconocido su derecho a la autodeterminación. Y lo hacemos desde la creencia de que todas las actuaciones y decisiones se han de dirigir a denunciar y a solucionar de forma justa y duradera la trágica situación de los saharauis que hace 34 años que viven exiliados en la hammada argelina.
Fuente:sanbordon
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