En un comunicado, los presos denuncian que viven de manera "sórdida e inhumana", separados en tres grupos, alojados en celdas estrechas que "carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad" y "privados de sus derechos legítimos".
Además, se quejan de "una administración que ha elegido la intransigencia, el abuso físico y los insultos cotidianos", y se refieren a la "angustia" de sus familiares por el "mal trato y acoso por parte de los funcionarios de esta prisión y sus provocaciones".
Para paliar esta situación, que califican de "insoportable", los seis saharauis solicitan una serie de medidas, como su agrupamiento en una sola celda, el acceso a un tratamiento médico y una alimentación equilibrada, la libertad de correspondencia o el derecho a comunicarse por teléfono con sus familias y sus abogados.
La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos (ASVDH), Djimi Elghalia, aseguró a Efe que si las reivindicaciones no tienen respuesta tras estas primeras 48 horas de huelga de hambre, los presos están decididos a repetirla o ampliarla hasta que se responda a sus peticiones.
Los reclusos en huelga de hambre son el presidente de la ASVDH, Brahim Dahan; el vicepresidente de CODESA -organización presidida por la activista Aminatu Haidar-, Ali Salem Tamek; el presidente del Foro Saharaui para la Protección de la Infancia, Saleh Lbaihi; y los activistas Ahmed Naciri, Yahdih Etarruzi y Rachid Sghayer.
Todos ellos, así como Degja Lachgar, puesta en libertad por motivos de salud la semana pasada, fueron arrestados el pasado 8 de octubre en el aeropuerto de Casablanca cuando regresaban de una visita a los campos de refugiados saharauis de Tinduf.
Elghalia señaló que hace dos días la dirección penitenciaria ya les concedió poder recibir periódicos "para conocer lo que pasa en el mundo exterior" y la "visita directa", es decir, sin que una reja les separe de sus visitantes, y consideró prioritario que se les permita ahora la atención médica y hablar por teléfono con sus familiares.
Los seis saharauis, así como la recién liberada Lachgar, se encuentran a la espera de un juicio para el que todavía no hay fecha, después de haber comparecido en diciembre ante un juez militar de instrucción en Rabat.
La Fiscalía marroquí les acusa de "atentar contra los intereses superiores de la nación" por haber supuestamente contactado, durante su estancia en Tinduf, con "partes hostiles a Marruecos", es decir, con altos cargos del Frente Polisario y de la seguridad militar argelina.
El ministro marroquí de Comunicación y portavoz gubernamental, Jalid Naciri, aseguró hoy en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los siete "tendrán un juicio ordinario, en el que dispondrán de todos los derechos a la defensa".
Precisó, no obstante, que en Marruecos, "como en otras grandes naciones, no se acepta que un ciudadano pueda meterse al servicio de los intereses geoestratégicos y políticos de un adversario".
"No se puede ir a Tinduf, estar en concertación con los servicios secretos militares argelinos, recibir honores militares del Polisario y considerar que se ha ido a hacer una visita turística", señaló el ministro
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