La segunda moción compromete a la institución a "prestar nuestro apoyo al gobierno español, para que se implique en la defensa de la justicia en el Sahara Occidental"
APOYO AL PUEBLO SAHARAHUI Y AL GOBIERNO DE LA R.A.S.D.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En diciembre de 1963 se inscribe al Sahara Occidental en la lista de los territorios que deberían ser descolonizados por la ONU cuya Asamblea General pide a España (1965) que ponga fin a su colonización.
La República Árabe Saharaui Democrática es el fruto histórico de la lucha del Pueblo saharaui por la restauración de la independencia nacional y la salvaguarda de la unidad territorial. Es la concreción de su voluntad de vivir como pueblo libre de conformidad con su derecho inalienable a la autodeterminación.
La RASD, o simplemente Sahara Occidental, es un estado formado por la antigua colonia española del Sahara Español que fue anexado en 1976 por Marruecos y Mauritania.
Un dictamen previo del Tribunal Internacional de la Haya, echa por tierra los argumentos presentados por estos dos países. Al respecto, Mauritania renuncia a la zona ocupada, pero Marruecos se autoanexiona en agosto de 1979, todos los territorios del Sahara Occidental, y empieza la construcción de un muro en seis fases, que parte en dos el Sahara Occidental. En abril de 1987 se terminó de construir el mayor muro militar del mundo que impide el paso a sus habitantes naturales. Mide 2.720 kilómetros, está protegido por unos 140.000 soldados de las fuerzas reales marroquíes y una aviación militar de las más modernas de África, teniendo un coste aproximado de más de medio millón de dólares diarios.
El año pasado, el enviado de la ONU al Sahara Occidental, Peter Van Walsum, reconoció que el Derecho internacional está al lado del Frente Polisario, y que Marruecos busca desesperadamente legitimar su ocupación de los territorios saharauis.
Es un territorio que lleva más de 30 años de guerras y litigios internacionales, todo ocasionado por motivos colonizadores, expansionistas y de grandeza del reino de Marruecos. Que no quiere acatar las decisiones de la ONU y del derecho internacional. Un territorio que no le pertenece y con el que no se puede mantener o realizar ningún tipo de inversiones o convenios comerciales, mientras no haya una solución definitiva al conflicto. Hasta el punto, que altos cargos del poder Ejecutivo, legislativo y los diplomáticos españoles acreditados en Rabat, tienen prohibido desplazarse al Sahara Occidental; con el fin de no dar la impresión de reconocer la soberanía marroquí sobre este territorio ocupado.
En este sentido, en marzo de 2005, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, viajó a El Aaiún con motivo de la inauguración de un vuelo de la compañía Binter, el entonces secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, se vio obligado a explicar en el Senado que se trataba de un viaje privado.
Igualmente, juristas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Canarias alertan de la posible ilegalidad de las negociaciones de empresarios canarios con Marruecos sobre inversiones en zonas del Sáhara Occidental, ya que el reino de Marruecos no tiene la soberanía de esa zona, existiendo sanciones internacionales para los países que realicen inversiones en países en fase de descolonización, ya que va en contra de la legalidad y derecho internacional.
El alargar este litigio, está yendo en detrimento de este país, la RASD, y de todos los saharauis que anhelan un territorio que le pertenece y en el que Marruecos no les permite vivir.
Recientemente, el informe elaborado por el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara, realizado tras la visita a la zona por una delegación de parlamentarios a principios de este año, no hace sino refrendar, algunos de los términos más dramáticos de otro informe confeccionado por la organización de defensa de los derechos humanos "Human Rights Watch"; confirmando la permanente violación de los derechos humanos de la población saharaui por parte de las autoridades marroquíes ilegítimamente ocupantes del Sahara Occidental; una dramática situación de gravísimas consecuencias para la realidad de la zona y la misma resolución del conflicto, que lleva a los responsables de dicho informe a solicitar la intervención de la Unión Europea ante la ONU para que la MINURSO (Misión Internacional de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental) pueda asegurar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en el Sahara Occidental.
En este sentido, es la primera vez que esta institución parlamentaria reconoce el abuso constante al que se viene sometiendo y se somete a la población saharaui en base a la vejación personal, las violencias y las torturas físicas, las detenciones y los juicios arbitrarios, que buscan la intimidación y el silencio político de quienes no hacen sino defender de forma pacífica sus más que legítimos derechos y aspiraciones.
Por todo ello IULV-CA solicita, que se tomen los siguientes
ACUERDOS:
Primero :
Prestar nuestro apoyo al gobierno español, para que se implique en la defensa de la justicia en el Sahara Occidental, realizando gestiones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o ante cualquier otro organismo, para que éste Consejo asuma la protección de los derechos humanos en el Sahara.
Segundo:
Prestar nuestro apoyo al gobierno, para que defienda ante cualquier organismo, todo lo recogido en la carta de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Tercero:
Seguir apoyando y colaborando desde esta institución con el pueblo saharaui, así como con organizaciones y asociaciones que también lo hacen y en especial con los más jóvenes, que aún no conocen su país.
Cuarto:
Dar conocimiento de estos acuerdos al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.
Antonio Romero ha defendido las dos mociones
